Hoy se cumplen cinco años de la reclusión de Julian Assange en Belmarsh, una prisión de alta seguridad de Reino Unido. Mientras él lucha contra la solicitud de extradición de las autoridades de Estados Unidos, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
“Julian Assange se atrevió a sacar a la luz revelaciones de presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Es inaceptable que se le hayan robado años de vida. Continúa recluido arbitrariamente en Reino Unido por cargos que obedecen a motivos políticos, presentados por Estados Unidos por revelar sus presuntos actos indebidos. Las autoridades de Estados Unidos no han llevado a cabo una investigación completa y transparente sobre sus presuntos crímenes de guerra. En cambio, han optado por actuar contra Assange por publicar información que se le había filtrado, aunque era de interés público. El enjuiciamiento en curso de Assange constituye una burla de las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y de su compromiso declarado con la libertad de expresión.”
“En caso de ser extraditado a Estados Unidos, Assange correrá el riesgo se sufrir graves abusos, entre ellos el de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado, práctica que violaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Las dudosas garantías diplomáticas ofrecidas por Estados Unidos en cuanto al trato que recibirá, no valen más que el papel en el que están escritas, entre otras razones porque no son jurídicamente vinculantes y están plagadas de lagunas jurídicas.”
“Se pretende actuar contra Assange por actividades que son fundamentales para todas las personas que ejercen el periodismo y la edición, que con frecuencia reciben información gubernamental confidencial de fuentes externas. Wikileaks publicó información sobre muertes de civiles y presuntos crímenes de guerra. La ciudadanía tiene derecho a saber si su gobierno infringe el derecho internacional. Las autoridades de Estados Unidos están preparando el terreno para sentar un precedente nefasto para la libertad de los medios de comunicación en el mundo si Assange es extraditado. Estados Unidos debe retirar todos los cargos contra Assange, lo que permitirá su liberación sin demora de la custodia estatal de Reino Unido.”
Información complementaria
Julian Assange puede ser procesado en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, una ley de tiempos de guerra que nunca tuvo la finalidad de penalizar el trabajo legítimo de editores y periodistas. Julian Assange podría ser condenado a cumplir hasta 175 años de prisión. Por el cargo de uso indebido de la informática, podrían condenarlo a un máximo de 5 años.
El 26 de marzo, el Tribunal Superior de Reino Unido aplazó su decisión para dar a Estados Unidos la oportunidad de presentar nuevas garantías diplomáticas. El tribunal de Reino Unido reconsiderará el permiso de Julian Assange para apelar contra su extradición a Estados Unidos el 20 de mayo de 2024.
Revista Stultifera Navis ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
El conflicto entre Irán e Israel es muy diferente del que existe entre la población árabe de Palestina y los inmigrantes judíos. Aunque muchos creen lo contrario, históricamente los persas nunca fueron enemigos de los judíos. De hecho, fue el fundador del primer imperio persa, Ciro El Grande, quien permitió a los judíos huir de Babilonia, donde se les retenía como esclavos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se apoderó de los restos del Imperio británico, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower (1953-1961) reorganizó el Medio Oriente. Para dominar esa parte del mundo, Eisenhower designó dos potencias regionales que representarían los intereses de Washington: Irán e Israel. Desde entonces, esos dos países fueron simultáneamente amigos y rivales.
Eisenhower, envió su secretario de Estado, John Foster Dulles –el hermano de Alan Dulles, el primer director de la CIA–, a Siria para organizar una alianza irano-siria, que debía contener las ambiciones israelíes. El presidente sirio de la época, el general Adil Chicakli, era probritánico y antifrancés. El 24 de mayo de 1953, Damasco y Teherán firmaron un tratado de defensa mutua, tratado que aún hoy sigue en vigor [1].
Al mismo tiempo, el Reino Unido entraba en conflicto con Mohammad Mossadegh, el primer ministro del shah iraní Reza Pahlevi. El primer ministro Mossadegh quería nacionalizar la explotación del petróleo iraní. Con ayuda de Estados Unidos, el gobierno británico organizó lo que hoy llamaríamos una “revolución de color” que, en aquel momento recibió la denominación de Operación Ajax [2]. El MI6 británico y la CIA estadounidense pagaron a miles de personas para que salieran a las calles a protestar contra el primer ministro Mossadegh y derrocarlo. Respondiendo al “llamado de su pueblo”, el shah destituyó a Mohammad Mossadegh y designó en su lugar al general nazi Fazlollah Zahedi [3].
La cooperación entre el régimen autocrático del shah de Irán y el Estado hebreo se manifestó en 1956 con la construcción del oleoducto Eilat-Ascalón. Pero más importante es el hecho que al año siguiente, en 1957, el Mosad israelí envió a Teherán un equipo de sionistas revisionistas [4], encabezado por Yitzhak Shamir –quien se convertiría después en primer ministro de Israel– para crear la SAVAK, la sanguinaria policía política del régimen del shah [5].
En 1956, las potencias coloniales en declive, Reino Unido y Francia, se apoyaron en el Estado colonial israelí para tratar de apoderarse del Canal de Suez, que Egipto quería nacionalizar. Después de aquella operación, el gobierno de Guy Mollet, el primer ministro socialista de Francia, agradeció a Israel el servicio prestado comunicándole en secreto los resultados de las investigaciones atómicas francesas. Aquella colaboración nuclear de Francia con Israel prosiguió a espaldas de Estados Unidos.
Pero cuando en Washington comprobaron que Israel se encaminaba hacia la adquisición del arma nuclear, se iniciaron esfuerzos para que Irán también tuviese “su” bomba atómica. En 1974, el presidente francés Valery Giscard d’Estaing incluyó a Irán en el consorcio Eurodif, se comprometió con Teherán a suministrarle uranio enriquecido y a formar a sus científicos. Dos años después, el presidente estadounidense Gerald Ford autorizaba el régimen del shah iraní a iniciar las investigaciones para obtener su propia bomba.
En 1978, Estados Unidos ve con desagrado las ambiciones militares del shah Reza Pahlevi, que amenazan el poderío de Israel. Washington decide entonces imponer al shah un nuevo primer ministro… y una nueva política. Zbigniew Brzezinski, el consejero de seguridad nacional del presidente James Carter, decide apoyarse en los clérigos chiitas –el shah acababa de nacionalizar parte de los bienes de esa clase iraní. Brzezinski llega a la conclusión de que el ayatola Ruholah Khomeini –cuyas prédicas grabadas en casetes de audio circulan por todo Irán– reúne las condiciones necesarias para convertirlo en el nuevo primer ministro del shah. Ignorando la oposición del secretario de Estado Cyrus Vance, Zbigniew Brzezinski organiza el exilio del ayatola Khomeini en Francia, donde el jefe religioso chiita residirá durante 4 meses antes de ser enviado a Teherán, en un vuelo especial de Air France.
Washington había convencido al shah de que todo estaba bajo control y que sólo se trataba de luchar contra la oposición. La SAVAK había recibido orden de asesinar en Londres al filósofo Alí Shariati –amigo personal de los intelectuales franceses Frantz Fannon y Jean-Paul Sartre– para evitar que sus ideas anticolonialistas “agitaran” el escenario. El shah había aceptado salir del país, en un breve viaje, sólo por el tiempo necesario para que Washington resolviese la situación en Irán.
Pero el día del regreso del ayatola Khomeini, el 1º de febrero de 1979, el anciano clérigo fue aclamado por una multitud de un millón de personas. Desde el aeropuerto de Teherán, Khomeini se trasladó directamente al cementerio donde acababan de ser inhumadas 800 víctimas de la represión política. Y allí, para sorpresa de los occidentales, Khomeini pronuncia un discurso resueltamente antiimperialista. El objetivo de Khomeini no era una revolución palaciega en el seno del imperio persa sino la proclamación de una República Islámica.
Israel incauta de inmediato la mitad iraní del oleoducto Eilat-Ascalón, lo cual da lugar a un largo litigio que, no obstante, las dos partes resolverán mucho después y en secreto.
En 1985, el consejero de seguridad nacional del presidente estadounidense Ronald Reagan, Robert McFarlane, concibe una treta para suministrar armamento a los contrarrevolucionarios nicaragüenses –los Contras– a espaldas del Congreso de Estados Unidos. Primeramente, McFarlane se dirige al primer ministro de Israel, Shimon Peres, con quien llega a la conclusión de que no será posible implicar a un país árabe revolucionario, como Libia, pero que Irán puede ser una opción. A través del entonces diputado Hasan Rohani –el mismo que años más tarde se convertirá en presidente de Irán–, McFarlane y Shimon Peres entran en contacto con el presidente del parlamento iraní, el hoyatoleslam Hachemi Rafsanyani, quien acepta comprar armas para luchar contra la agresión iraquí y enviar parte de ese armamento a los Contras nicaragüenses. Gracias a ese tráfico, Hachemi Rafsanyani, quien ya era un gran terrateniente, se convierte en el hombre más acaudalado de Irán [6].
En 1988, Irak utiliza armas químicas contra el ejército y la población iraní, dejando un gran número de personas afectadas de por vida –todavía hoy el umbral de tolerancia de la población iraní a la contaminación del aire es muy bajo, al extremo que el Estado iraní suele emitir alertas y evacuar la población de Teherán durante varios días. Recuerdo que en una ocasión, un amigo iraní, el talentoso periodista Nader Talebzadeh que estaba entrevistándome en un programa de televisión, se vio obligado a salir repentinamente del estudio, prácticamente escupiendo sus pulmones, y tuvo que ser hospitalizado. Fue en aquel momento, ante el sufrimiento de sus conciudadanos, cuando el ayatola Khomeini declaró todas las armas de destrucción masivas incompatibles con su visión del islam. Desde entonces, Irán puso fin a todas sus investigaciones de naturaleza militar en los ámbitos biológico, químico y nuclear, decisión de carácter ético que prolongó la guerra entre su país e Irak.
En 1992, el hoyatoleslam Hachemi Rafsanyani, ya convertido simultáneamente en traficante de armas profesional y presidente de Irán, organiza intercambios secretos con Argentina –entonces bajo la presidencia de Carlos Menem. Colaborando ya públicamente con Estados Unidos, Rafsanyani envía tropas a luchar, bajo las órdenes de la OTAN, en Bosnia-Herzegovina y además suministra armamento argentino a los bosnios. Como presidente de Iran, Rafsanyani no cuestiona oficialmente la visión anticolonialista del imam Khomeini… pero apoya activamente al presidente bosnio, Alija Izetbegovic, mientras que militares israelíes participan también en las operaciones junto a los bosnios.
El tráfico irano-argentino de armas se interrumpe por iniciativa de Israel cuando el Estado hebreo organiza el atentado contra su propia embajada en Buenos Aires, en 1992; el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994 [7]; y finalmente el asesinato del hijo del presidente argentino Carlos Menem, en 1995 [8].
En 2001, Washington abandona su política de equilibrio en el Medio Oriente y pone fin a los vínculos, que antes había favorecido, de Israel con Irán, Irak y Arabia Saudita. A partir de entonces el Pentágono trata de sembrar el caos en todos los países del «Medio Oriente ampliado» (o «Gran Medio Oriente», desde Afganistán hasta Marruecos, exceptuando únicamente a Israel [9]. Los promotores de la nueva estrategia estadounidense orquestaron una terrible justificación: los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En 2003, un ex miembro de los Guardianes de la Revolución, Mahmud Ahmadineyad, gana la elección presidencial en Irán. Ahmadineyad llega con una política totalmente diferente a la de sus predecesores, vuelve al ideal del imam Khomeini y choca constantemente con el poder clerical e incluso con el sucesor de Khomeini como Guía Supremo, el ayatola Alí Khamenei. El presidente Ahmadineyad industrializa el país, construye viviendas sociales para los iraníes de menos recursos y trata de ayudar las poblaciones chiitas de todo el Medio Oriente a ganar su propia independencia. También cuestiona la alianza silenciosa con Israel.
En 2005, el presidente Mahmud Ahmadineyad declara que el Estado de Israel está llamado a desaparecer, como la Sudáfrica del apartheid. La agencia británica Reuters falsifica las palabras de Ahmadineyad, presentándolas como un llamado a la aniquilación de la población israelí [10].
En 2006, el presidente Ahmadineyad organiza en Teherán una conferencia sobre el Holocausto. El objetivo del presidente iraní no es negar la verdad sino mostrar que la proclamación del Estado de Israel no es una forma de reparación por los crímenes de los nazis sino un proyecto colonial británico. Israel afirma entonces que Ahmadineyad es un antisemita, lo cual es absolutamente falso.
Simultáneamente, Israel inicia una campaña mundial de prensa para hacer creer que el presidente Ahmadineyad había emprendido un gran programa nuclear con fines militares. La realidad era diferente. El objetivo del presidente Ahmadineyad era descubrir una manera diferente de producir energía, sin utilizar la fisión –como en las bombas atómicas– sino mediante un proceso de fusión nuclear. Irán proyectaba entonces ayudar el Tercer Mundo a desarrollarse escapando al control de Occidente sobre los hidrocarburos.
Comenzó para Irán entonces una larguísima batalla en el seno de las instituciones internacionales [11]. Además del hipotético programa nuclear militar iraní, Israel comenzó a denunciar un supuesto “imperialismo” iraní en Irak.
Un acuerdo concluido en secreto, el 2 de marzo de 2008 en Bagdad, entre el almirante William Fallon –el jefe del mando militar estadounidense para el Medio Oriente (CentCom)– y el presidente Mahmud Ahmadineyad acabó siendo echado abajo por el vicepresidente estadounidense Dick Cheney. El almirante Fallon quería pacificar Irak con la cooperación de Irán, no en contra de la República Islámica [12], pero Cheney, implicado en los atentados del 11 de septiembre de 2001, no quería renunciar a la doctrina Rumsfeld-Cebrowski.
Es por eso que el vicepresidente estadounidense Dick Cheney inicia una “revolución de color”, cuando Ahmadineyad es electo por segunda vez presidente de la República Islámica [13].
[1] Syria and the United States, David W. Lesch, Westview, 1992.
[2] Presidents’ Secret Wars: CIA and Pentagon Covert Operations Since World War II, John Prados, W. Morrow, 1986.
[3] Zahedi había sido arrestado por los británicos en 1942, debido a sus posiciones nazis, y encarcelado en Palestina, territorio bajo mandato británico. Cuando el general Zahedi se convirtió en primer ministro, hubo una reorganización del partido nazi iraní. Los arios originales –hoy se les llama indoeuropeos– son el pueblo persa.
[4] Los sionistas revisionistas son fascistas judíos, discípulos de Zeev Jabotinski, y aliados de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial.
[5] “SAVAK: A Feared and Pervasive Force”, Richard T. Sale, The Washington Post, 9 de mayo de 1977; Debacle: The American Failure in Iran. Michael Ledeen, Vintage, 1982.
[6] The Iran-Contra Scandal: The Declassified History, Peter Kornbluh y Malcolm Byrne, National Security Archive Document, 1993; Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987, Bob Woodward, Simon and Schuster, 1987.
[7] «Les falsifications autour de l’attentat contre l’AMIA et la “piste des 3 États”», por José Petrosino, traducido al francés por Maria Poumier, Réseau Voltaire, 19 de abril 2024.
[8] «Los vínculos entre el atentado a la AMIA y la muerte de Carlitos Menem», Christian Sanz, Tribuna de Periodistas, 16 de febrero de 2013; «Secretos del día que mataron a Carlitos Menem», Christian Sanz, Tribuna de Periodistas, 13 de marzo de 2013.
[9] «La doctrina Rumsfeld-Cebrowski», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 25 de mayo de 2021.
[10] «Reuters participa en una campaña de propaganda contra Irán», Red Voltaire, 20 de noviembre de 2005.
[11] «¿Quién le teme al programa nuclear civil de Irán?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 9 de julio de 2010.
[12] «La renuncia del almirante Fallon reactiva las hostilidades en Irak», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 14 de marzo de 2008.
[13] «La CIA y el laboratorio iraní»; «¿Por qué tendría yo que repudiar la voluntad de los iraníes?»; «La “revolución de color” fracasa en Irán», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 19, 24 y 26 de junio de 2009; «Las elecciones iraníes: la fábula del robo electoral», por James Petras, traducido al francés por Marcel Charbonnier, Réseau Voltaire, 21 de junio de 2009.
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Desde hace años que se vienen advirtiendo los serios defectos en operan en el funcionamiento diario del sistema político chileno, cuya acumulación a lo largo del tiempo lo han transformado en un espacio cacofónico y, sobre todo, ingobernable. El último episodio de disfuncionamiento del sistema consistió en que una pequeña nueva fuerza, Demócratas, desconoció el acuerdo administrativo que fue firmado por todos los partidos hace un par de años, el que establecía un calendario de rotaciones en la presidencia del Senado a partir de los resultados electorales de 2021 que arrojaron dos perfectas mitades: nadie, hasta ahora, tenía mayoría en la Cámara Alta.
Es ese acuerdo que se rompió, y es un fiel reflejo del mal funcionamiento del sistema político a partir de una reforma electoral bien intencionada que fue adoptada en 2015, pero que está produciendo estragos en el Congreso. Para hacerse una idea de la necesidad de introducir reformas políticas en varios niveles, pensemos tan solo en qué hubiese ocurrido si hubiese estado vigente una norma -muy común en los congresos y parlamentos modernos– para reducir el riesgo de transfuguismo: de acuerdo a esa norma, un diputado o senador que fue elegido por un determinado partido, al abandonarlo (por las razones que fueren) que le permitió triunfar en la elección, perdería su escaño. Pues bien, fue precisamente la ausencia de esa norma anti-tránsfugas lo que permitió que dos senadores que fueron elegidos en cupo democratacristiano, renunciaran al partido de la flecha roja, desconociendo el acuerdo administrativo y modificando las correlaciones de fuerza en el Senado.
Es altamente probable que lo mismo ocurra en la Cámara de Diputados.
Este episodio es uno de los muchos males que afectan el funcionamiento del sistema político y de partidos, cuyos rasgos más nefastos son: la excesiva fragmentación (especialmente en la Cámara Baja, con 21 partidos representados); la posibilidad de abandonar un partido sin costo alguno para el renunciante, en una tácita definición de quien es el propietario del cargo (¿el senador o el partido?); la posibilidad de evitar la disolución partidaria tras un mediocre desempeño electoral a partir de fusiones instrumentales con otros partidos en la misma condición; a lo que se suma un largo etcétera.
Si bien la reforma electoral del 2015 respondió a la necesidad de superar al sistema binominal, abriendo el Congreso a nuevas fuerzas, nueve años después observamos que esa reforma fue una mala reforma. No hay nada más difícil que reformar un sistema electoral, especialmente cuando eso se traduce en redistritajes (alteraciones del mapa del territorio electoral) y alteraciones de las magnitudes distritales (el número de cargos a elegir en cada distrito electoral o circunscripción senatorial). Esta dimensión del problema debe ser corregida teniendo a la vista la igualdad del valor del voto entre chilenas y chilenos, pero no en este momento. Hay cuatro otras reformas que son mucho más urgentes, todas ellas conducentes a mejorar el debate legislativo y hacer más eficiente la función legisladora de diputados y senadores.
La primera de ellas es reducir el número de partidos con representación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lograrlo? Básicamente, de dos modos. En primer lugar, elevando los requisitos para formar e inscribir nuevos partidos: si bien la firma de un individuo seguirá siendo el principal criterio para formar a un partido, es la cantidad de firmas la que debe ser modificada, tanto a nivel nacional como regional. Lo ideal es que el sistema de partidos esté dominado por partidos nacionales, esto es por organizaciones que se inscribieron en cada una de las regiones de Chile (con un mínimo del 1% de firmas correspondientes a la cantidad de votos que fueron emitidos en la última elección a la Cámara de Diputados). En segundo lugar, empujando a que los partidos que compiten en elecciones parlamentarias alcancen, como mínimo, el umbral del 5% de los votos a nivel nacional, so pena de ser disueltos.
La segunda gran reforma es codificar legalmente la propiedad de los cargos electivos: exceptuando a personas independientes que compitieron por fuera de los partidos y contra ellos, y que tuvieron éxito en el intento, en todos los otros casos el dueño del cargo es el partido y no su ocupante. Esto quiere entonces decir que, si un diputado o senador abandona al partido a través del cual fue elegido, pierde irremediablemente el escaño.
La tercera reforma es prohibir fusiones post-electorales por motivos de sobrevivencia, con el fin de alcanzar entre dos o más partidos el anhelado umbral del 5% de los votos. Esto no quiere decir que las fusiones no puedan ocurrir, pero deben responder a un genuino ejercicio político: en tal sentido, el proceso de fusión de los partidos del Frente Amplio es un muy buen ejemplo de un proceso limpio y virtuoso.
La cuarta reforma consiste en entregar dinero público a los partidos que compiten en elecciones y alcanzan el 5% de los votos, y no a los partidos que se acaban de formar (salvo para gastos estrictamente administrativos bajo un mínimo legal).
Tengo perfecta conciencia que las reformas políticas necesitadas son muchas más (un grupo transversal de personalidades de izquierda y derecha está promoviendo una veintena, varias de ellas apegadas a la propuesta de reforma del sistema político que emanó del comité de expertos que elaboró el ante-proyecto de nueva Constitución en el marco del segundo y abortado proceso de cambio constitucional), pero hay que optar. Es imprescindible seleccionar aquellas reformas con mayor potencial para conseguir mayorías relevantes en ambas cámaras, apostando a que generarán efectos en el próximo ciclo electoral.
Este tipo de reformas no gozarán de apoyo popular, qué duda cabe (otra vez los políticos enfrascados en los temas que solo a ellos les importan). Pero lo que no ven quienes son los principales interesados en experimentar mejoras en su vida práctica y cotidiana, las personas comunes y corrientes, es que para que eso ocurra es imprescindible reformar el sistema político, garantizando un pluralismo moderado y capacidad política para gobernar a un país no solo estancado, sino que bloqueado.
Alfredo Joignant es sociólogo, cientista político chileno y columnista de EL PAÍS
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